El punto de partida del litigio fue claro: la jueza Loretta Preska concluyó que el Estado argentino, al tomar el control de YPF tras la expropiación del 51% que tenía Repsol, no cumplió con la obligación prevista en el estatuto de lanzar una oferta por las acciones del resto de los accionistas minoritarios. Sin eso, la denuncia política puede tener fuerza pública, pero menor eficacia judicial. Más tarde, tras la quiebra de las sociedades de Petersen, Burford Capital compró o financió esos derechos litigiosos y convirtió ese activo judicial en el corazón de una demanda multimillonaria contra la Argentina. Las cortes de Nueva York centraron el caso en el incumplimiento del estatuto societario al momento de la expropiación y no en la moralidad o legitimidad política de cómo habían ingresado antes los minoritarios. Es aquí donde el gobierno debería actuar. De todos modos, la pregunta quedó instalada y tiene peso propio. Si la condena internacional se apoya en derechos que nacieron de una operación que en la Argentina fue denunciada como parte de una trama de poder entre el kirchnerismo y empresarios cercanos, entonces el caso YPF deja de ser sólo una derrota por mala praxis jurídica de 2012 y pasa a rozar un problema más profundo: el de las consecuencias internacionales de decisiones y alianzas internas nunca del todo esclarecidas. En abstracto, esa posibilidad puede parecer políticamente potente, pero jurídicamente no es sencilla. Dicho de otro modo: aun si en la Argentina persistieran fuertes sospechas sobre el origen de esa participación accionaria, para transformar ese punto en una defensa eficaz haría falta evidencia sólida, procesalmente utilizable y apta para alterar el encuadre ya consolidado del caso en la justicia estadounidense. La disputa judicial por YPF en Nueva York volvió a poner bajo la lupa no sólo la expropiación de 2012, sino también una secuencia anterior que sigue cargada de interrogantes políticos y denuncias judiciales en la Argentina. Esa arquitectura financiera fue uno de los ejes centrales de las críticas políticas y judiciales que se formularon en aquellos años y deberían mostrarse las causas judiciales y ser impulsadas por el gobierno. En ese terreno aparecen las denuncias de Elisa Carrió, quien sostuvo que el desembarco de los Eskenazi en YPF no había sido una operación empresarial convencional, sino una maniobra impulsada desde el poder político de entonces. Allí aparece la hipótesis que venimos a mostrar: si el origen de la tenencia accionaria estuvo, como sostuvieron las denuncias, contaminado por favoritismo, connivencia o corrupción, entonces el país estaría afrontando una condena originada en una cadena de actos cuya legitimidad de base merece ser reexaminada. Esa línea de análisis lleva a otra discusión, más delicada todavía: si los abogados de YPF y del Estado argentino deberían profundizar una estrategia ofensiva basada en el eventual origen irregular de la posición de Petersen (Kirchner). Allí radica hoy el núcleo más sensible del debate. Porque una cosa es discutir si Axel Kicillof debió o no lanzar la oferta por los minoritarios; otra, mucho más grave, es preguntarse si entre esos minoritarios estaba el residuo de una ingeniería política y empresarial que, de comprobarse, comprometería aún más a quienes gobernaban entonces. Pero ya forma parte del caso. El reclamo que hoy beneficia a Petersen y a Burford nació, justamente, de la posición accionaria que el grupo de los Eskenazi había adquirido en aquella etapa previa a la expropiación. Esa operación fue cuestionada durante años porque se estructuró con un esquema en el que los Eskenazi adquirieron cerca del 25% de la compañía con un mecanismo de repago apoyado en la distribución de dividendos de la propia petrolera. La acusación fue todavía más lejos al sugerir que los Eskenazi actuaban como supuestos testaferros del kirchnerismo. La secuencia se vuelve explosiva cuando se une esa historia con el juicio actual. Esa es, por ahora, una hipótesis fuerte, incómoda y no cerrada. Por otro lado lo hecho por Kicillof en ese momento, ¿fue error o recibió órdenes para que así fuera?. Néstor Kirchner siempre jugaba sus cartas mirando hacia adelante, tal vez dejó escuela. Según esa denuncia, Néstor Kirchner habría favorecido el ingreso del grupo sin capital propio suficiente, con la finalidad de tomar control indirecto de la petrolera a través de empresarios cercanos. Por Dario Rosatti. Buenos Aires, 13 de Marzo de 2026 - Total News Agency - TNA. Sobre esa base, en 2023 condenó a la República Argentina a pagar unos US$16.100 millones a Petersen y Eton Park, y en 2025 ordenó la entrega del 51% estatal de la petrolera, aunque esa medida quedó luego suspendida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito mientras sigue la apelación. Pero detrás de ese expediente hay otra historia, más política y mucho más incómoda. Petersen Energía, uno de los vehículos que litigó contra la Argentina y cuyos derechos fueron luego financiados y explotados por Burford Capital, remite directamente al ingreso del Grupo Petersen de la familia Eskenazi en YPF entre 2008 y 2011.
